Sobre la habilitación de la música en vivo: recuperar el sonido y el cuerpo

Columna publicada en Revista Living Jazz N° 6

Por Berenice Corti*

Al momento de salir publicadas estas líneas, es probable (deseable) que se esté reglamentando el Régimen de Concertación de la Actividad Musical según el compromiso asumido por las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires. La desidia en la responsabilidad pública y el desinterés por la actividad cultural -o la preeminencia de la rentabilidad por sobre cualquier otro valor- habían logrado que tras un nuevo derrumbe en un local nocturno una nueva oleada de clausuras azotara la actividad musical en vivo, como si ésta fuera la causa de permisos mal otorgados o de actividades comerciales inescrupulosas.

La inédita movilización de los integrantes del circuito musical busca revertir esta política, que no es nueva. ¿De qué es culpable la música?

En la Buenos Aires colonial de 1788 la población negra solicitó, sin éxito, un permiso para utilizar el baldío lindante a la iglesia de La Piedad para realizar bailes devocionales a San Baltasar y practicar el candombe, que sistemáticamente eran objeto de quejas y persecuciones. Recién luego de 1820 el gobierno aceptó la legalidad de las organizaciones denominadas naciones, cuyos nombres respondían a orígenes étnicos de los descendientes de africanos como Cambundá, Benguela, Lubolo, Angola y Congo, y en cuyo marco su cultura encontró un lugar habilitado. Si bien estas organizaciones contaron así con una mayor autonomía no podían funcionar sin una autorización policial, por lo que la reglamentación pretendió en realidad controlar el candombe callejero de práctica cotidiana en los barrios llamados del tambor (San Telmo, Monserrat, Santa Lucía, Concepción). Vicente Fidel López, por ejemplo, se atemorizaba con los sonidos del candombe diciendo que no eran más que “un rumor siniestro y ominoso de las calles del centro, semejante al de una amenazante invasión de tribus africanas, negras y desnudas”.

Tanto este carácter amenazador del volumen de la música como su supuesta vinculación con prácticas indecentes continuaron presentes durante los dos SIGLOS siguientes (sí, leyó bien, dice siglos) en las sucesivas legislaciones regulatorias. Por ejemplo, el artículo 3 de la ordenanza municipal 24.654 que otorga el permiso de música y canto, sancionada en el gobierno del dictador Juan Carlos Onganía y aún utilizada en 2010, establece que “no se autorizarán locales de esta naturaleza emplazados a menos de 100 metros de establecimientos de enseñanza primaria o secundaria, o locales de culto, distancia para la que servirán de punto de referencia las puertas más próximas de ambos locales”. También los ruidos molestos continuaron siendo causa justificable de clausura de espacios habitados por la música, como fue el caso del club Enrique Villegas y sus amigos regenteado por el pianista, y cerrado por esa razón en el año 1966.

En la primavera de 2010, en una calle trazada tras la demolición de arcos del Cabildo en la zona más antigua de Buenos Aires, los tambores volvieron a sonar con las guitarras, los vientos, las palmas y las voces. Son una amenaza, sí, a los que le temen a la creación y a la vida.

* Los datos aquí consignados forman parte del trabajo “La Cultura Tutelada: gestión y políticas culturales de la ciudad de Buenos Aires” presentado en las V Jornadas de Investigación en Antropología Social, Buenos Aires, 2008.

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